DroneShield: 2.200 millones en proyectos, pero la sombra fiscal y la ASIC pesan sobre el valor

Los ingresos trimestrales de DroneShield se han disparado un 121% hasta los 74,1 millones de dólares australianos, y su cartera de proyectos alcanza los 2.200 millones. Sin embargo, la cotización no recoge ese brillo: la acción ha caído más de un 10% en siete días, hasta los 2,02 euros en Alemania. La presión de los planes fiscales del Gobierno australiano y una investigación abierta por la ASIC nublan el horizonte de la compañía especializada en defensa antidrones, que celebra su junta de accionistas el próximo 29 de mayo en un clima de máxima tensión.

Los números operativos son contundentes. En el primer trimestre de 2026, los pagos de clientes alcanzaron los 77,4 millones, un 360% más que el año anterior. La caja asciende a 222,8 millones, sin deuda alguna, y el flujo de caja operativo neto fue positivo por cuarto trimestre consecutivo, con 24,1 millones. Además, la compañía ya cuenta con ingresos comprometidos para el ejercicio en curso de aproximadamente 154,8 millones. La cartera de proyectos —312 iniciativas repartidas en más de 60 países— es el principal argumento alcista, y los analistas de Bell Potter mantienen su recomendación de “comprar” con un precio objetivo de 4,80 dólares australianos. Otro modelo de valoración sitúa el valor razonable en 4,40 dólares, un potencial de subida del 37% que, en escenarios a largo plazo, proyecta ingresos de 571,4 millones para 2029.

Pero el frente regulatorio empaña el optimismo. El 12 de mayo, DroneShield confirmó haber recibido una notificación formal de la ASIC, que investiga comunicaciones al mercado realizadas en noviembre de 2025 y operaciones con acciones por parte de directivos en ese mismo período. El foco está puesto en una nota posteriormente retirada sobre un pedido de 7,6 millones de dólares para sistemas portátiles del Gobierno de EE.UU., que la empresa aclaró que no era un nuevo contrato. La compañía se ha comprometido a cooperar, aunque las posibles consecuencias siguen abiertas.

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En paralelo, la alta dirección se ha reorganizado. En abril, Angus Bean —antes director de tecnología— asumió el cargo de consejero delegado en sustitución de Oleg Vornik. Peter James abandona el consejo, y Hamish McLennan ha sido propuesto como presidente independiente no ejecutivo. Estos cambios buscan reforzar la gobernanza, un aspecto crítico en un sector donde la credibilidad y la transparencia en la comunicación de contratos son esenciales.

A esta presión regulatoria se suma un lastre macro. El Gobierno australiano planea eliminar la exención del 50% en el impuesto a las ganancias de capital a partir del 1 de julio de 2027. La medida golpea con especial dureza a los valores tecnológicos, cuyas valoraciones dependen en gran medida de beneficios futuros. El All Tech Index ha cedido un 35% y hasta la Commonwealth Bank, tradicional refugio, cayó un 10,3%, hasta los 153,67 dólares australianos. DroneShield, con un perfil de alto crecimiento, no es ajena a ese viento en contra.

Mientras tanto, la competencia se agita. Hydrix anunció el 14 de mayo un contrato vinculante con NIOA Group por un importe de entre 1,0 y 1,2 millones de dólares australianos. En Estados Unidos, Wrap Technologies reportó ingresos de 1,1 millones de dólares en el primer trimestre de 2026 y un pedido del Departamento de Seguridad Nacional, mientras que Swarmer centró la atención en los sistemas autónomos de interceptación con su salida a bolsa. DroneShield mantiene una ventaja diferencial gracias a sus sistemas de defensa basados en inteligencia artificial y a su presencia global, pero el reto de convertir la cartera de 2.200 millones en contratos firmes se vuelve cada vez más urgente.

De cara al largo plazo, el mercado de defensa antidrones promete crecer hasta los 20.300 millones de dólares en 2030. La propia DroneShield maneja una cartera de ventas potencial de 2.500 millones y aspira a alcanzar unos ingresos anuales de 1.000 millones en esa fecha. Sin embargo, a corto plazo la acción sigue atrapada entre el empuje operativo y las incertidumbres políticas y regulatorias. La junta del 29 de mayo será la primera prueba de fuego para la nueva dirección: los accionistas esperan un calendario claro sobre la investigación de la ASIC y, sobre todo, señales de que los grandes proyectos empiezan a transformarse en ingresos recurrentes. Sin esos hitos, la confianza del mercado seguirá siendo frágil.

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